Sin respetar el reglamento de debates de la Asamblea Constituyente y en medio de enfrentamientos que ya se han cobrado la vida de tres personas, los asambleístas del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y sus aliados aprobaron el sábado por la noche el nuevo texto constitucional en un cuartel militar de Sucre, la capital histórica de Bolivia.
La aprobación se produjo en medio de una batalla campal entre miles de capitalinos y policías que impedían que la turba llegase hasta el recinto improvisado de la Asamblea Constituyente oficialista. Como resultado de los enfrentamientos murieron dos civiles y, después, un policía fue linchado cuando intentaba huir.
El abogado Gonzalo Durán (29 años) y un ciudadano aún no identificado fallecieron como consecuencia de disparos de un arma de fuego y el policía Jimmy Quispe fue linchado por la población movilizada, que además destruyó varias unidades policiales. Los heridos, según informes preliminares de las autoridades de Sucre, son más de 200.
Morales calla
Los capitalinos se encuentran movilizados desde que el MAS del presidente Evo Morales trasladó la Asamblea Constituyente al recinto militar. El comandante departamental de la Policía de Sucre, José Galván, informó de que muchas dependencias policiales fueron incendiadas y saqueadas. Además, la turba robó armamento y atacó la cárcel del lugar, provocando que huyeran 160 presos muy peligrosos.
El Gobierno responsabilizó de los enfrentamientos a los líderes sucrenses y a la oposición y negó que los muertos sean víctimas de las armas de los policías o militares desplegados para controlar la seguridad en Sucre. «Según el forense, el abogado que murió recibió un disparo de un arma calibre 22 a 25, que no usan las fuerzas del orden», declaró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El presidente Evo Morales evitó referirse ayer a los enfrentamientos en Sucre, al igual que el vicepresidente Alvaro García Linera. El ex presidente y líder de la oposición, Jorge Quiroga, responsabilizó al jefe de Estado de los enfrentamientos, por haber movilizado a sus militantes «para imponer una Constitución que los bolivianos no reconocerán».
Desde el jueves, alrededor de cinco mil campesinos y obreros de organizaciones sindicales afines al partido de Gobierno se concentraron en la capital para vigilar que se apruebe el nuevo texto constitucional, que ahora no incluye la demanda de los capitalinos del traslado de los poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre.
El obispo auxiliar de Santa Cruz, Sergio Gualberti, advirtió durante su homilía que «los bolivianos no aceptarán una Constitución manchada de sangre» y las autoridades y dirigentes cívicos de cinco gobernaciones (Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca) anticiparon la resistencia civil a la Constitución aprobada.
Sucre, que tiene un centro colonial hispano y 300.000 habitantes, amaneció ayer sin coches y apestando a gases lacrimógenos.
